Contratos ilegales, asesorías irregulares, designaciones y destituciones de los rectores por fuera de los estatutos internos y presencia de sociedades con fines de lucro son parte de las denuncias que estudiantes y académicos de la Universidad Central acusan ante el Mineduc. “La Universidad es una olla a presión”, “los únicos responsables son los miembros de la Junta Directiva”, señalan pidiendo que se nombre un Administrador Provisional para ordenar la casa.
A comienzos de año fue la acusación contra la escuela de Derecho. En ese momento, los estudiantes de la Universidad Central denunciaron la falsificación de actas de pregrado para permitir que los alumnos juraran como abogados ante la Corte Suprema. Meses más tarde, un nuevo escándalo revienta en la misma casa de estudios, esta vez contra la Junta Directiva que la administra.
En un documento al que tuvo acceso el Diario Electrónico de la Universidad de Chile, los estudiantes denuncian ante el Ministerio de Educación acciones constitutivas de lucro. Además, violación a los estatutos internos y faltas graves a la ética y probidad. Los dardos apuntan en contra de la mesa compuesta por Ricardo Napadensky, María Teresa del Río, Verónica Romo, María Victoria Valencia, John Mackenzie y Washington Saavedra.
Seis son los actos acusados ante la cartera que dirige Adriana Delpiano. Para la federación de estudiantes de la Universidad, es fundamental que se investiguen los hechos, incluso, si por ellos, se decreta el nombramiento de un administrador provisional.
“Nada es peor a cómo estamos ahora. No tenemos nada que perder”, dicen los estudiantes y los profesores agrupados en la Asociación de Académicos. El problema, relatan, tiene su origen en el poder irrestricto del que goza la Junta Directiva. Organismo juez y parte de las decisiones que se toman al interior de la Universidad.
Por eso no les extraña que nuevas acusaciones se puedan ir revelando. “Lo que queremos es que el Mineduc investigue. Nuestra denuncia apunta a que se ha violado la Ley 20.800 (normativa que crea la figura del Administrador Provisional o de Cierre), toda vez que se han incumplido compromisos financieros, académicos y que existe una infracción grave en contra de los estatutos”, aseguran.
Las irregularidades
Seis son las acusaciones contenidas en el documento redactado desde la Federación. Sin embargo, advierten que pueden existir muchas más. Entre ellas destacan las siguientes:
Auto generación ilegal de contratos de trabajo:
Los denunciantes exponen una conducta en la que han incurrido todos los miembros de la actual Junta Directiva: se auto contratan en función de directores, para el ejercicio de funciones altamente remuneradas, que han sido firmadas entre ellos mismos.
Ricardo Napadesky: contrato de jornada completa como Director y Presidente de la Junta Administrativa.
Washington Saavedra: contrato como Vicepresidente (cargo inexistente estatutariamente) y director de la Junta Directiva por ¾ de jornada.
María Teresa del Río, Verónica Romo y Victoria Valencia: contrato de media jornada como directoras de la Junta Administrativa.
Respecto de Mackenzie, los querellantes ignoran qué tipo de contrato es el que suscribe.
La irregularidad cometida es que los directores de personas jurídicas sin fines de lucro no pueden tener contratos de trabajo por funciones propias del cargo, ya que no tienen superior jerárquico, por lo cual carecen del vínculo de subordinación y dependencia y son cargos temporales, electos por un determinado periodo de tiempo.
“Mediante esta irregular fórmula, los miembros de la Junta Directiva de la Universidad Central, responsables de la administración de la organización, orientan los resultados económicos de la corporación para su propio beneficio, con abultados sueldos mediante contratos de trabajo irregulares, afectando el cumplimiento de los fines institucionales. Lo que estos directores están haciendo es repartirse excedentes de la corporación mediante un subterfugio, desnaturalizando la esencia de la institución, por cuanto, los dineros que van al patrimonio de los administradores deberían dirigirse revirtiéndolos en la misión educacional de la organización”, denuncia el vicepresidente de la Federación de Estudiantes, Cristian Troncoso.
“¡Esta acción se denomina lucro!” Acusa Troncoso, quien asegura que los miembros de esta junta directiva se han beneficiado indebidamente por medio del retiro de excedentes, afectando gravemente los intereses de una institución que, por definición, no tiene fines de lucro.
“Los socios activos no tienen esta información. Además, este hecho viola los propios estatutos. Hace algunas semanas se normó que las universidades no pueden tener contratos en la junta directiva y aquí estamos hablando de contratos entre ellos, el director de la Junta les firma contrato a sus colaboradores y uno de ellos, al director. Esto es muy irregular”, describió la presidenta de la Asociación de Funcionarios.
“No hay pudor. Ellos, en 2013, nos dijeron que no había dinero y se atrasó el pago de los académicos. Meses después se estaban firmando contratos millonarios entre ellos”, continuó acusando.
2) acusan existencia de cuatro sociedades comerciales relacionadas a la Universidad
Centro de Servicios de la Universidad Central de Chile S.A; Lemuc LTDA (Laboratorio de ensayo de materiales de la Universidad Central); Central Servicios S.A; e Inversiones UCEN LTDA. Las que serían manejadas EXCLUSIVAMENTE por miembros de la Junta Directiva de la Universidad.
El problema, según explican, es que se obliga a las facultades a actuar por medio de ellas, no sometiéndose a los controles de la propia universidad. Situación que, nuevamente, es acusada como lucro, toda vez que “se distraen recursos mediante la prestación de servicios por medio de la infraestructura y el prestigio de la Universidad asumiendo la casa de estudios sus costos y los cobros que se realizan mediante estas sociedades con fines de lucro”, dice el documento.
3) El rol de Rafael Castro en asesorías irregulares
En 2012, la Universidad representada para estos efectos por don Washington Saavedra firmó un contrato de prestación de servicios profesionales con Asesorías Integrales San Bonifacio SpA, representada por Rafael Castro.
El problema con este contrato dirigido a revisar procedimientos, proyectos y emitir informes y recomendaciones para las mejoras de la Universidad, es que éstas labores están contenidas en las funciones que debe cumplir la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Otra de las irregularidades denunciadas es que Rafael Castro, en el momento de la firma, oficiaba el cargo de Socio Activo de la Asamblea General de Socios, cargo ad-honorem. Sin embargo, por sus labores prestadas desde San Bonifacio SpA, recibió la suma de 16 millones 800 mil pesos.
Más grave es aún la situación, cuando Castro deja su cargo ad-honorem y asume como Director Central de Servicios, una de las sociedades comerciales de la Universidad Central de Chile. “Hay posible falta a la ética en este punto, porque él es vicerrector y, además, es miembro de la asamblea de socios”, sancionan los estudiantes.
4) irregularidades en la designación de los rectores
El ex rector de la Universidad Central fue removido de su cargo de forma irregular. Aseguran los entrevistados. Principalmente, porque los estatutos internos obligan a que la junta directiva cite a una reunión a la autoridad, exponga los argumentos en contra de su gestión, permita la defensa del acusado y, después de todo eso, proceda a una votación secreta (en urna) para saber si ¾ partes de la mesa siguen de acuerdo con la destitución.
“Nada de eso se hizo en la destitución de Rafael Rosell”, asegura Christian Troncoso. Lo lamentable, es que su arribo a la institución también estuvo marcado por las irregularidades donde con “evidencia palpable” dicen poder demostrar que la designación ad-honorem de Rosell como académico de la Universidad buscaba poderlo hacer ascender al grado de rector, para lo que se destituyó a Luis Merino Moreno.
“Ahora asumió Santiago González Larraín (quien fuera ministro de Minería del primer Gobierno de Michelle Bachelet y militante del Partido Radical). No nos quisimos meter con él, pero su nombramiento también es contrario a los estatutos de nuestra Universidad, toda vez que no cumple con el requisito docente para acceder al cargo”, agrega Troncoso.
“No tienen tiempo para responder”
Tanto la Asociación de Académicos como la Federación de Estudiantes coinciden en que desde la Junta Directiva se niegan a responder.
“Les hemos pedido reuniones, les hemos comentado de la denuncia, pero insisten en que no tienen tiempo para conversar con nosotros”, relata Christian Troncoso, versión que es ratificada por Viviana Parra, presidenta de la Asociación de Académicos.
“Hay muchas cosas que tenemos que discutir. Entre ellas, el proceso de reformulación de nuestros estatutos, de lo contrario no cumpliremos con los requisitos que pide la ley”, agrega la académica de la Facultad de Educación, para explicar que en la Universidad Central solo los socios activos (académicos representantes de cada Facultad) son los que tienen derecho a voto. “Los trabajadores, estudiantes y nosotros solo tenemos derecho a voz, la que no siempre es oída”, sentencia.
El rector actual tampoco se ha hecho parte activa de la denuncia. “Yo creo que él no dimensionó todo lo que pasaba, o hay una orden superior. Acá, el que dirige la universidad es el presidente de la Junta Directiva”, dice Viviana Parra.
“Es poco el poder que tiene el Rector. Tampoco esperamos mucho de él. Es un hombre que viene del mundo de la empresa y busca mejorar los indicadores y los rankings. Él tiene una visión mercantil de su trabajo”, sancionan los estudiantes.
Sin embargo, desde la Universidad niegan que se haya intentado conversar con el Rector. El Director de Comunicaciones Corporativas, Sergio González, aseguró que preparan un documento en el que responden, punto por punto, a las acusaciones hechas por los estudiantes, toda vez que estas “no tendrían fundamento y solo apuntarían al desprestigio de la Universidad”.
La huelga de Educación
No solo existen los problemas descritos por los estudiantes. Los académicos de educación mantienen un paro de actividades porque no se han arreglado sus condiciones laborales: “Estamos pidiendo el reajuste del IPC del año, dos aguinaldos (navidad y fiestas patrias), bono de vuelta de conflicto y un incremento de un 1,5 por ciento”, describe Viviana Parra.
“Hemos adecuado nuestras pretensiones a la situación financiera que nos han dicho vive la Universidad. Pero nunca hemos podido negociar, porque no nos han hecho una contraparte”, agrega señalando que en Educación, los sueldos docentes son un 25 por ciento más bajos que en el resto de las facultades en las que, asegura, tampoco se entregan salarios onerosos.
“La Universidad está haciendo una olla a presión. Los académicos no estamos conformes con la forma en que se está conduciendo la casa de estudios y no podemos esperar al cambio de Junta Directiva (octubre de 2016): No sé si la Universidad resiste un año más”, concluye la académica Viviana Parra.
La respuesta del Ministerio podría tardar. Los demandantes, esperan poder reunirse con las autoridades del Gobierno al regreso de las vacaciones de fiestas patrias. Mientras, esperan que resuelvan investigar y remover a la Junta Directiva asumida en 2011 y que “tanto daño le ha hecho a la Central: El único problema de la Universidad son ellos” resume tajante Christián Troncoso.
Fuente: Radio U.Chile
Publicidad
