La ley de glaciares finalizó su paso por la Comisión de Medio Ambiente evidenciando la falta de compromiso del Gobierno de Bachelet con la real protección de los macizos, los que serán catalogados en función de su “relevancia hídrica”, figura que deja una puerta abierta a la intervención minera en gran parte de las reservas de agua.
Los glaciares chilenos seguirán en peligro de concretarse la entrada en vigor de la indicación aprobada en la última sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que abre una puerta a la intervención minera y cierra la esperanza de lograr la efectiva protección para los macizos que prometió el gobierno.
A pesar de que el pasado mes de octubre los diputados acordaron rechazar la indicación del Ejecutivo que solo aseguraría protección efectiva para los macizos emplazados dentro de Parques Nacionales, dejando más de un 30 por ciento a merced de los intereses mineros, el nuevo texto aprobado permite clasificar cada año los glaciares según su “relevancia hídrica”, figura que podría permitir desafectar su protección cuando así lo consideren los organismos competentes.
“Esto demuestra que para el gobierno hay glaciares de primera y segunda categoría, basta con que declaren protegidos al 50% de los glaciares más grades ubicados en la zona austral de país, para que absolutamente ningún glaciar quede protegido entre la III y VII región, favoreciendo las operaciones mineras en la zona centro-norte. Es una ley a la medida de la minería”, denuncian desde Greenpeace Chile
Los ambientalistas cuestionan la real intención del gobierno con la actual ley; “EL Gobierno de Michelle Bachelet nunca tuvo la intención de proteger los glaciares, sino más bien buscó legalizar su destrucción. Es absurdo que una ley que lleva como nombre “protección de glaciares” solo sea aplicable para la mitad de estas reservas de agua. Esto solo demuestra, una vez más, que el Gobierno ve nuestro patrimonio ambiental como una mercancía”, asegura Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace en Chile.
Lo que el ejecutivo pretende es proponer cada año, a través de la Dirección General de Aguas (DGA), un listado de glaciares a proteger según su “relevancia hídrica” entendida en función de qué glaciares son los de mayor volumen o cuáles se encuentran en zonas de probada estrechez hídrica. Cualquier interesado podrá reclamar la declaración de un glaciar protegido si considera afecta sus derechos individuales.
Fuente: El Ciudadano
