Diputados de Chile Vamos han instado a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones en contra de la legisladora de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, y de la Fundación Daya. Se sospecha que ha habido irregularidades en el uso de recursos destinados a proyectos relacionados con el uso compasivo del aceite de cannabis como terapia.
El diputado republicano Juan Irarrázaval ha liderado esta denuncia, en la que se alega que los convenios de colaboración para estos proyectos fueron firmados con al menos 11 municipios en todo el país. En un documento presentado por el diputado, se detallan los recursos otorgados por diferentes municipios, incluyendo Quinta Normal ($11.828.000), Quilicura ($35.285.500), Peñalolén ($35.000.000), Tocopilla ($11.828.000), Arica ($17.642.750), Puerto Natales ($8.821.375), Graneros ($10.671.385), y Chillán ($35.285.500), entre otros.
El diputado Irarrázaval alega que estos recursos fueron utilizados en gastos como “chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, estufas a leña para la sede en la Región Metropolitana e incluso para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri”. En sus palabras, “literalmente, transformaron esos recursos en humo”.
La diputada Gazmuri ha negado haber hecho un mal uso de los recursos y ha atribuido los problemas a la “falta de acción de algunos municipios” en relación a proyectos que no se completaron.
Los diputados de Chile Vamos han enfatizado la necesidad de investigar a fondo esta denuncia y sancionar a todos los responsables si se confirman las irregularidades. Consideran que casos como este socavan la confianza pública, dañan al Estado y perjudican a la democracia del país. La Contraloría ha sido instada a llevar a cabo la investigación correspondiente
