En el marco de la reciente denuncia de supuesta violación y abuso sexual contra el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, militante del Partido Socialista, surge una situación similar por supuesta violencia y abuso Quinta Normal, que involucra a un ex-funcionario cercano a la alcaldesa Karina Delfino.
Ignacio Figueroa, también militante socialista y exfuncionario del municipio de Quinta Normal, fue acusado en redes sociales por su expareja, quien fuera secretaria de la concejala Johana Cáceres Yoncón, también militante socialista. En aquel entonces, Figueroa cumplía funciones en el Departamento de Organismos Comunitarios. Recientemente, el 24 de agosto, fue ratificado como secretario general de las Juventudes Socialistas para el periodo 2024-2025.
La denuncia fue realizada a través de la cuenta de Instagram de la víctima, @cathastral, donde señaló:
“Escribo esta declaración comprendiendo lo que significa funar a alguien, y más aún a una persona con la que mantuve una relación. Ignacio Figueroa fue mi pareja por más de dos años, y aunque en redes mostraba una realidad distorsionada, llegó el momento de mostrar quién es realmente. Durante gran parte de la relación soporté comentarios machistas y misóginos, además de violencia verbal y gaslighting. En una ocasión, revisando su teléfono, descubrí que sexualizaba a mujeres y compartía sus fotos en un grupo de WhatsApp con sus amigos. También ejercía control sobre mí, haciendo comentarios sobre mi forma de vestir y presionándome a abortar si quedaba embarazada, desligándose de toda responsabilidad.”
En su declaración, la víctima expresó que Figueroa es una persona “violenta, abusiva y machista” y que no debería ocupar ningún cargo en el Partido Socialista. Además, subrayó que el silencio es una forma de complicidad y que tanto la violencia verbal como la psicológica deben ser castigadas.
Esta denuncia se habría puesto en conocimiento de la máxima autoridad comunal, la alcaldesa Karina Delfino, quien es amiga personal de Figueroa. Poco tiempo después, él dejó de prestar servicios en el municipio y fue reubicado en una repartición gubernamental.
El caso ha generado críticas hacia la gestión comunal y el Partido Socialista por un supuesto encubrimiento, lo que algunos ven como una contradicción frente al discurso feminista que muchas autoridades sostienen públicamente. La situación pone en tela de juicio la coherencia entre las declaraciones y las acciones frente a casos de abuso dentro de la política local y nacional.
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