Familia de fallecido exfuncionario de Quinta Normal demanda al municipio por falta de servicio y perjuicios

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La familia de Mauricio Segundo Carrasco Godoy, ex-asistente de la educación en el Liceo Juan Antonio Ríos de Quinta Normal, ha presentado una demanda en contra de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal por responsabilidad del Estado por falta de servicio, exigiendo una indemnización por perjuicios. La acción, liderada por los herederos de Carrasco (sus hijos y su cónyuge), surge tras un proceso fallido para acceder al Bono de Retiro Voluntario previsto en la ley N°20.964, beneficio que el funcionario intentó obtener debido a su grave estado de salud.

Carrasco, quien trabajó en el municipio por más de 34 años, acudió en septiembre de 2019 a la Dirección de Educación Municipal para solicitar el retiro voluntario. Sin embargo, un funcionario le informó que su plazo de postulación había expirado en 2018. No obstante, debido a su situación de salud, se le recomendó llenar una renuncia voluntaria, con la promesa de que su postulación sería ingresada en 2020. Desde entonces, y con su salud en deterioro, Carrasco y su familia realizaron múltiples visitas al municipio, sin recibir una respuesta concreta.

En marzo de 2021, Mauricio Carrasco falleció a causa de su enfermedad. Al acercarse al municipio nuevamente, su familia descubrió que la solicitud no había sido tramitada, lo que los llevó a acudir directamente al Ministerio de Educación, donde fueron informados de que no existía registro de la solicitud.

Finalmente, en una audiencia en diciembre de 2021 con la alcaldesa Karina Delfino, se les indicó que el proceso de retiro había sido reingresado debido a demoras de la Dirección de Educación Municipal, aunque la familia sigue sin obtener una respuesta definitiva. La demanda presentada por los familiares acusa un detrimento patrimonial y emocional, dado que los fondos solicitados estaban destinados a la atención de salud de Carrasco.

Este caso ha generado un debate en Quinta Normal sobre la necesidad de agilizar y garantizar los procesos administrativos para funcionarios de larga trayectoria, especialmente aquellos que enfrentan condiciones de salud críticas.

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