Iniciativa se enmarca en la agenda de probidad del Gobierno, a la que si bien se le augura un trámite tranquilo, igualmente quedarían pendientes algunas materias, las que debieran abordarse en una futura Reforma Constitucional.
La próxima semana la Sala de la Cámara revisará la reforma que establece la pérdida del cargo por infracciones a las normas de gasto electoral. Esto, después de haber sido aprobada el jueves pasado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La nueva ley será aplicable a parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales, y hace posible la sanción de pérdida del cargo, por infracciones a las normas de transparencia, límites y control de gasto electoral, tal como explicó el Presidente de la Comisión, el diputado socialista, Leonardo Soto.
“Es una sanción que tiene que ver con los que llegan a asumir los cargos infringiendo gravemente las nomas sobre campañas electorales. En esos casos no habrá que esperar un juicio penal que demuestre con exactitud que se ha cometido algún delito. No esperar tampoco una sanción penal efectiva, sino que va a operar de una forma mucho más rápida y directa”, afirmó.
El parlamentario explicó que se tratará de una sanción constitucional que aplicará el consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), que revisará el material disponible de gastos y aportes y declarará a lugar o no el aplicar la sanción.
Además, la Comisión de Constitución respaldó una propuesta parlamentaria para impedir a los sancionados volver a postular a un cargo de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
Las medidas fueron bien valoradas por el Gobierno, que a través de la subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva, resaltó que con esto se fortalece al Servel y al Tricel, con nuevas facultades que les permitirá jugar un rol bastante importante.
El diputado DC Aldo Cornejo aseguró que desde la Nueva Mayoría no creen que existan inconvenientes en la tramitación, ya que a estas alturas hay absoluto consenso, más cuando termina el financiamiento de las empresas para pasar a ser principalmente público. “Al tratarse de recursos de todos los chilenos la sanción debe ser la cesación”, aunque aclaró que para cualquier cargo de elección popular.
“¿Por qué a cualquier cargo?”, se preguntó el parlamentario. Recordó que existieron casos que fueron conocidos, como por ejemplo el ex alcalde de Coquimbo que fue inhabilitado para postular a alcalde. Sin embargo, no tenía inhabilidad para postular a diputado. “Por eso establecimos que uno quedaría inhabilitado para postular a cualquier cargo de elección popular por dos periodos”, explicó.
Cornejo afirmó que piensa que el proyecto se va a aprobar, “sobre todo porque está adentro de la Agenda de Probidad y Transparencia, y se sabe que las señales que dé el Congreso Nacional en la materia son muy importantes”.
El diputado añadió que el proyecto proviene del Senado, donde la inhabilidad venía estructurada de forma más benigna, por lo que la Comisión aumentó las inhabilidades, tanto desde el punto de vista de los cargos a los que se puede postular como respecto de los años.
Por su parte, el diputado UDI Arturo Squella sostuvo que la principal labor era armonizar antiguas causales ya establecidas en la Carta Fundamental, como la pérdida del escaño ante ilícitos de orden constitucional o en situaciones de incompatibilidad, y las nuevas que estaban proponiendo.
“Teníamos que hacerlas estar en sintonía con las actuales. De hecho, hay algo que no va a quedar lo suficientemente claro, que es que las inhabilidades no van a operar para los casos que están hoy en día en la Constitución, como cuando se pierden los requisitos de elegibilidad. Y para mí, es en donde se configuran los casos más graves. Por ejemplo, un parlamentario que fuera condenado a pena aflictiva, sin bien pierde el escaño, no quedaría inhabilitado para asumir algún cargo de elección popular o algún cargo público”, sostuvo Squella.
El diputado agregó que no se presentó una indicación por esta materia, porque eran cambios más gruesos, así es que esperan que se considere en el proceso constituyente, más adelante.
Aun así, el consenso apunta a que la ley sería aprobada en la Cámara de Diputados la próxima semana, con una amplia mayoría, y según se señala, como existieron bastantes diferencias entre el Senado y la Cámara, es posible que sea revisada en Comisión Mixta.
Fuente: Radio U de Chile
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