Los legisladores coincidieron en la necesidad de transparentar la declaración de patrimonio, y sancionar con la pérdida del cargo a quienes incumplan estas disposiciones. Ahora resta la votación en general de ambas Cámaras para que iniciativa se convierta en ley.
Tras más de dos horas de debate, la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias en torno al proyecto sobre probidad en la función pública, aprobó el texto que será conocido tanto por la Sala del Senado como por la de la Cámara de Diputados.
El informe da cuenta de los acuerdos a los que llegaron los parlamentarios, luego de revisar tanto la redacción propuesta por la Cámara Baja como por la Cámara Alta.
En la ocasión, los legisladores coincidieron en la necesidad de transparentar la declaración de patrimonio e intereses, concordando en sancionar con la pérdida del cargo a quienes incumplan estas disposiciones.
Tras la sesión, el senador Alberto Espina (RN), quien presidió la instancia, comentó que la norma “entra en su recta final puesto que solo resta una votación general por parte de las Cámaras para que se transforme en ley”.
En esa línea, aseguró que durante septiembre debería hacerse esto efectivo, respondiendo a las críticas que se habían manifestado por la demora en la tramitación.
“Acá estamos frente a un cambio muy de fondo porque se estipulan niveles de exigencia muy altos, puesto que las autoridades y los funcionarios públicos tendrán la obligación de declarar patrimonio e intereses, enajenar cualquier derecho o participación que tengan en sus empresas y establecer un fideicomiso ciego cuando el monto de sus acciones sean muy altos”, explicó.
En cuanto al régimen conyugal, Espina indicó que cuando hay comunidad de bienes, ambas partes deben participar de la declaración, pero cuando existe separación de bienes, la persona que opta a un cargo público sólo deberá explicitar aquella información que está bajo su conocimiento.
“Esto porque muchas veces los matrimonios están separados y desconocen detalles del patrimonio de su ex esposo o esposa. No podemos obligar al sujeto en cuestión, a estar al tanto de todos los movimientos económicos de la contraparte”, aclaró.
En tanto, el senador Hernán Larraín (UDI) valoró el acuerdo. “Hemos coincidido en los principales temas que afectarán a las autoridades relevantes del país que no son pocas porque alcanzan a quince mil personas, así podremos evitar los conflictos de interés”, graficó.
Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, aplaudió el despacho del texto, destacando que existió “casi una unanimidad” en cada una de las votaciones. “Queremos garantizar que las decisiones políticas que se adopten sean en función del interés común y no de necesidades particulares. Con este proyecto nos acercamos a ello”, comentó.
Fuente: Emol
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