La Contraloría General de la República emitió un dictamen que obliga a las administraciones públicas, incluyendo a la Municipalidad de Quinta Normal, a solicitar antecedentes para garantizar la retención y pago directo de pensiones alimenticias en nuevas contrataciones o renovaciones de personal que esté inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El dictamen, emitido el 12 de agosto bajo el número E525821, establece que la administración debe requerir a las personas afectadas la autorización para retener y pagar directamente las futuras pensiones de alimentos. Además, deberán presentar documentos que acrediten el monto mensual de la pensión, tales como resoluciones judiciales o avenimientos aprobados.
Este dictamen responde a una solicitud de aclaración presentada por la Municipalidad de Quinta Normal en relación al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 36 de la ley N° 14.908, que regula la retención y pago directo a los alimentarios. La consulta surgió debido a que el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, creado por la ley N° 21.389, informa solo el monto total de la deuda y no el valor mensual de la pensión que debe pagar el alimentante.
La Contraloría subrayó que este dato es esencial para que las entidades públicas puedan cumplir con la obligación de retener y transferir las pensiones alimenticias, incluyendo los recargos establecidos. De no presentarse la documentación requerida, la designación o renovación del contrato no podrá proceder.
Con esta medida, se busca asegurar que los alimentarios reciban las pensiones de manera oportuna, incluso en el caso de empleados públicos que estén en proceso de contratación, renovación, promoción o ascenso. La normativa refuerza la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares en el ámbito de la gestión pública.
