En un giro sorprendente, el juez del 6° Juzgado de Santiago ha declarado una orden de no innovar en la querella presentada contra la ex administración municipal de Quinta Normal, citando falta de pruebas concluyentes. Esta decisión marca un hito en el caso que ha mantenido en vilo a la comuna desde 2016.
Contexto de la Querella
La querella, presentada el 8 de noviembre de 2016 por Verónica Montecinos, ex secretaria general de la Corporación de Desarrollo de Quinta Normal (CORPQUIN), acusaba a la ex alcaldesa Carmen Gloria Fernández (DC) y otros funcionarios de cometer diversos ilícitos durante su administración. Montecinos, junto con el entonces Director de Control, señalaban en la querella delitos de falsedad de documento privado, uso malicioso de documentos, estafa y asociación ilícita.
Detalles de la Investigación
El caso, registrado bajo el RUC 1610041250-4 y RIT 7324-2016, fue asignado al Fiscal Marcelo Carrasco. La querella alegaba la existencia de una organización permanente y jerárquica que incluía la cooperación del entonces concejal Francisco Duarte Díaz, con el objetivo de defraudar a CORPQUIN y obtener beneficios ilícitos. Montecinos acusaba a la Alcaldesa Fernández de negarse a denunciar los hechos judicialmente.
Poco después de la presentación de la querella, la Policía de Investigaciones de Chile realizó un allanamiento en las oficinas municipales y de CORPQUIN, incautando equipos computacionales, teléfonos y documentación relevante.
Nueva Querella y Desarrollo del Caso
El 11 de enero de 2017, Omar Cabrera, quien aún ocupaba el cargo de Director de Control de CORPQUIN, presentó una nueva querella contra quienes resultaran responsables, esta vez en su calidad de presidente del sindicato de trabajadores “Probidad y Transparencia” de la corporación. Este sindicato habria otorgado a Cabrera inmunidad laboral, dificultando su desvinculación durante un período prolongado.
Decisión Judicial
A pesar de las acusaciones y las pruebas iniciales presentadas, el juez concluyó que no existían evidencias suficientes para proceder con las imputaciones. Esta decisión subraya la falta de pruebas concluyentes que puedan sostener las acusaciones de falsedad documental, estafa y asociación ilícita contra la ex administración.
El Ministerio Público ha decidido dejar de perseverar en la investigación, lo que significa que, tras realizar las diligencias pertinentes, no se encontraron antecedentes suficientes para imputar delitos a las personas querelladas.
Adicionalmente, el Sexto Juzgado de Garantía ha sobreseído a los involucrados, lo cual ratifica su inocencia y cierra definitivamente las investigaciones. Con esta resolución, las acusaciones quedan sin efecto y las personas que fueron señaladas por los querellantes, aparentemente por motivos políticos, quedan absueltas de cualquier sospecha sobre los hechos investigados.
Esta decisión pone fin a la controversia legal y confirma que las imputaciones no tenían fundamento.
