Por Álvaro Ramis.
El diputado Eduardo Matte Pérez, antepasado directo de la familia Matte Larraín, controladora de la empresa papelera CMPC, afirmaba en 1892: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Fieles a esta máxima, sus descendientes han mantenido ante todo su permanente arrogancia como dueños de Chile.
Durante la Unidad Popular su papelera se transformó en la empresa símbolo de la derecha golpista, que la defendió con uñas y dientes frente a sus trabajadores que pedían su traspaso al área social. Luego del 11 de septiembre de 1973, un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve trabajadores de la CMPC de las localidades de Laja y San Rosendo. La lista negra de los detenidos la habría confeccionado la empresa; los vehículos que los trasladaron eran de la empresa… Esta familia durante decenios ha marcado el acontecer nacional entre bambalinas, manejando la opinión pública desde el Centro de Estudios Públicos (CEP) y sus encuestas “fabrica-candidadatos”. Sólo en 2013 la CMPC gastó más de 1.3 millones de dólares en financiamiento a campañas políticas(2), superando ampliamente el “tope legal”. Los Matte se han paseado todos estos años por Chile como por su fundo, predicando su doctrina liberal en lo económico, y conservadora en lo valórico. Patricia Matte, experta en educación privada, es miembro del movimiento laical de los Legionarios de Cristo, fundados por el pederasta y depredador sexual Marcial Maciel. Y Eliodoro Matte y su mujer, Pilar Capdevila, fueron los principales financistas y defensores del ex párroco de El Bosque Fernando Karadima, llegando a interferir en la investigación del Ministerio Público que constató sus abusos. Mientras tanto, el Estado ha subsidiado durante décadas la producción de la papelera por medio del Decreto Ley 701, promulgado en plena dictadura para subvencionar a los privados por el concepto de “reforestación”. Desde que se dictó este Decreto Ley se han entregado más de 870 millones de dólares por esta vía, focalizándose estos dineros, en más de un 70%, en grandes empresas forestales de entre las cuales la mayor es la CMPC de los Matte. Y en 2016 se ha presupuestado otra enorme transferencia bajo este mecanismo.
EL ORIGEN DE LA CRISIS
En junio de 2014 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Incecopi) de Perú inició una investigación a la CMPC por sospechas de colusión. En ese país los Matte controlan el 56% del mercado del papel tissue. A raíz de esa primera señal, Colombia también comenzó un procedimiento similar, lo que fue seguido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de nuestro país. Ante la inminencia de la persecución, la CMPC recurrió a la autodenuncia, la que efectuó justo a tiempo para aparecer como beneficiaria de la delación compensada, lo que mitigará cualquier atisbo de sanción. Todo apunta a que CMPC buscará limitar la responsabilidad de los hechos a SCA, la otra empresa coludida, y particularmente en el ex socio de PISA, antecesora de SCA, Gabriel Ruiz-Tagle (ex ministro de Deportes de Sebastián Piñera y unos de los operadores directos del ilícito). SCA enfrentaría una multa por 15 millones de dólares mientras CMPC no sufriría multa alguna al haberse acogido a la “delación compensada”, por lo cual obtendrá beneficios por haber reconocido el delito. Las cifras de la colusión constatan que durante diez años el cartel formado por la Papelera del grupo Matte y los suecos de SCA Chile (ex PISA), lograron manipular los precios y cuotas de mercado en la industria del papel tissue. Por esa vía se estima que la CMPC logró un sobreprecio por 275.558.000.000 pesos, el equivalente al robo de un auto de gama básica por cada familia chilena. En esos años mientras el precio de la celulosa subió 5%, el precio del papel higiénico aumentó 34%. Para colmo, durante las primeras 48 horas del escándalo las acciones de la CMPC perdieron 646,7 millones de dólares de su capitalización bursátil. En una buena parte estas acciones están en manos de las AFPs, por lo cual la pérdida se traspasará directamente a sus fondos de pensiones. Se calcula que las AFPs han invertido 3.612 millones de dólares de las cotizaciones de los trabajadores en las ocho empresas del grupo.
El 5 de noviembre de 2015 el CEP, think tank financiado y dirigido por el clan Matte, preparaba un evento especial. Se titulaba “Regulando a regulador: hacia un balance entre la independencia y el poder de la autoridad”. A última hora, el seminario se suspendió por obvias “razones de fuerza mayor”. Este tipo de eventos públicos han marcado la agenda del CEP. Bajo un marco intelectual lleno de sutilezas, la agenda siempre ha sido la misma: desregulación del mercado y laissez faire edulcorado por argumentos que seducen a los que se olvidan de quiénes financian y orientan la discusión. Por algo Carlos Peña reaccionó al affaire diciendo que “Eliodoro Matte es un hombre muy poderoso, tiene no solo dinero, tiene influencia, tiene una institución cultural estupenda que ha sabido manejar con gran sagacidad, con apertura”.
La colusión es imposible sin concentración empresarial. En un mercado muy diversificado es imposible coordinar y mantener en silencio a un conjunto amplio de actores. Pero un duopolio del papel, o una tríada de cadenas de farmacias, un par de empresas productoras de pollo, unas tres grandes líneas de buses o unas pocas empresas del asfalto son fácilmente coludibles. Y por eso, más allá del papelón transitorio que han hecho, están muy tranquilos. Saben que controlan un mercado muy concentrado, donde abastecen una serie de productos básicos y la legislación les es muy amigable. Conseguir y mantener esas regalías no ha sido obra de un día. La arquitectura financiera, legal y política del país la han amoldado a sus intereses por una vía que ha mezclado la persuasión, la componenda y el clientelismo. El pasado 8 de octubre, en presencia de la presidenta de la República y varios ministros, Eliodoro Matte Larraín pronunció un discurso titulado “La importancia de recuperar confianzas”, en donde criticó frontalmente las reformas del último periodo, enfocando en ellas el centro de las desconfianzas empresariales. En la ocasión dijo: “Las fuentes de desconfianza son de otra naturaleza: la poca calidad y urgencia de las reformas, el escaso tiempo que ha habido para deliberar seriamente en torno a ellas. Las reformas tributaria, educacional y laboral han generado polémica y discusión no sólo por intereses, sino porque nos parece que no ha sido suficientemente meditada la jerarquización de fines, ni tampoco los mejores instrumentos políticos. Hay una percepción de que una inflación de fines no necesariamente ayuda a las próximas generaciones. Una creciente distancia entre ‘nosotros’ y los ‘otros’ genera inevitablemente desconfianza”. Mientras Matte se lamentaba por la “desconfianza” que generan los cambios democráticos, mantenía su contubernio para expoliar a los consumidores. Llegó la hora de poner fin a este ciclo. La agenda de cambios debe ser inmediata. Debe partir por poner fin al DL 701 que subsidia a las empresas forestales. En segundo lugar, se debe exigir una compensación económica a la CMPC y SCA que, al menos, triplique las ganancias obtenidas. En tercer lugar es urgente promulgar una ley de responsabilidad penal empresarial, que impida la concentración del mercado y luego sancione efectivamente los actos de colusión. Ya no es argumento sostener que la actual legislación, promulgada por Ricardo Lagos, colabore a la reducción de este fenómeno.
Más bien incentiva a las empresas coludidas a correr el riesgo, asumiendo que pueden salir impunes de su aventura si son astutas y recurren a la delación compensada. Una ley inteligente de responsabilidad penal empresarial debe prevenir estos delitos impidiendo la concentración del mercado, y generando una distinción entre la responsabilidad de los ejecutivos, a los cuales se les puede aplicar la delación compensada, y la responsabilidad de los dueños, con los cuales nunca debe haber contemplaciones, ya que su función prioritaria es fiscalizar a quienes han delegado la administración de sus bienes y que actúan bajo su directo mandato.
Fuente: El Ciudadano
