En los últimos años, las Farmacias Populares se han posicionado como una alternativa crucial frente al elevado costo de los medicamentos en Chile. Iniciando en 2015 en Recoleta, Región Metropolitana, esta iniciativa se expandió a diversas comunas del país entre ellas Quinta Normal, contando con más de 200 sucursales a lo largo de Chile. Sin embargo, en la actualidad, la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), precursora de este movimiento, enfrenta un complicado escenario marcado por una deuda estimada en más de $1.200 millones y una investigación del Ministerio Público por presuntos delitos como cohecho, blanqueo de dinero y malversación de fondos públicos.
El Cuarto Juzgado Civil de Santiago tomó la determinación de ordenar la liquidación forzosa de Achifarp a mediados de este año. Esta medida se tomó a raíz de acusaciones que involucraban a la asociación en una millonaria deuda relacionada con la compra de productos destinados a la lucha contra el COVID-19.
De acuerdo con información publicada por La Tercera, el pasado 27 de septiembre se confirmó que Achifarp enfrenta una deuda total de $1.291.937.035 con empresas proveedoras, como Best Quality y V Exponencial, además de $15.585.912 que adeuda a seis extrabajadores.
La investigación del Ministerio Público, en curso, se centra en posibles delitos que involucran cohecho, blanqueo de dinero y malversación de recursos públicos, especialmente aquellos proporcionados por municipalidades afiliadas a Achifarp.
El proceso de recuperación de deudas ha sido iniciado por el liquidador José Alfredo Rojas, nombrado por el tribunal el año pasado. Hasta el momento, se han presentado 47 demandas civiles en contra de municipios afiliados que supuestamente no han cumplido con sus contribuciones. Además, la Fiscalía ha citado a 91 alcaldes relacionados con la asociación.
Sin embargo, algunos de estos alcaldes han negado su participación en Achifarp, argumentando que se desvincularon hace años debido a que consideraron que les resultaba más económico adquirir medicamentos en el mercado convencional que a través de la asociación.
Hasta la fecha, el liquidador ha logrado reunir apenas $6 millones, una cifra que representa una fracción mínima de la deuda total. Ante esta situación, el Cuarto Juzgado de Garantía ha fijado una audiencia de impugnación de acreedores para el próximo 22 de noviembre.
La incertidumbre y la gravedad de la deuda de Achifarp plantean un desafío considerable para la continuidad y viabilidad de este proyecto que, en sus inicios, buscaba proporcionar acceso a medicamentos asequibles a la población chilena.
