El régimen civil militar que gobernó Chile desde 1973 desarrolló un silencioso programa de seguimiento a niños, cuyo objetivo central fue mantener el control de la educación escolar e instaurar la polémica municipalización de la enseñanza, según revelan miles de oficios secretos del ministerio de Educación y la Central Nacional de Informaciones, CNI.
Un total de 276 menores de 18 años fueron ejecutados o desaparecidos por la dictadura civil militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, en el marco de las operaciones represivas que los sucesivos ministros de Educación coordinaron con la Central Nacional de Informaciones (CNI) en liceos y colegios de todo el país, según revelan tanto oficios secretos de la dictadura como testimonios de los sobrevivientes.
El asesinato de niños comenzó en medio de la ocupación militar de las ciudades y los asesinatos masivos posteriores a 1973. En esos días, por ejemplo, fue abatida Elizabeth Venegas, estudiante básica de 13 años, alcanzada por una bala en su abdomen cuando una patrulla militar comenzó a disparar contra civiles en calle Fernández Albano de la población José María Caro.
Las muertes siguieron hasta 1989, cuando murió bajo shocks eléctricos el escolar y militante PPD Marcos Quezada, detenido en un retén de Curacautín. Su caso fue recogido por el juez español Baltasar Garzón y quedó consignado en la solicitud de captura internacional contra el general Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1999.
Los asesinatos, sin embargo, no fueron el resultado de excesos policiales o militares. Las operaciones represivas en liceos y colegios fueron coordinadas por los propios ministros de Educación de la época, entre ellos el fallecido académico Gonzalo Vial y el abogado Alfredo Prieto, abogado integrante de la Corte Suprema hasta marzo de este año.
“Los asesinatos, sin embargo, no fueron el resultado de excesos policiales o militares. Las operaciones represivas en liceos y colegios fueron coordinadas por los propios ministros de Educación de la época”.
Uno de los más decididos fue el fallecido ministro de Educación Sergio Gaete, quien mantuvo un intercambio diario de análisis y operaciones con la Central Nacional de Informaciones.
“Solicito a usted verificar los antecedentes de estos jóvenes y tomar las medidas que esa Central estime convenientes”, redactó por ejemplo Gaete en el Oficio Reservado 174 del 29 de abril de 1985, dirigido al general Humberto Gordon, jefe de la CNI y sus cuarteles secretos, y revisado por eldesconcierto.cl.
Los agentes de la CNI fueron consecuentemente desplegados en liceos y colegios. El organismo represivo comenzó a emitir detallados informes sobre las actividades de niños y adolescentes. “Organiza las exposiciones de pintura del colegio”, escribió por ejemplo el primer director de la CNI, Odlanier Mena sobre el estudiante Iván Salinas del Colegio Andacollo, miembro del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo.
Una página triste y desconocida fue en ese marco el colaboracionismo de profesores leales al régimen, quienes no dudaron en denunciar a sus educandos, en cartas enviadas a Pinochet, los ministros de Educación o incluso la CNI. Docentes como Lorenza Núñez, Marie Hélene Goffi o Marta Molina Grez participaron de esas operaciones, según consta en sus propias misivas enviadas a las autoridades.
LOS NIÑOS DE LA REBELIÓN
El sentido de todo este esfuerzo represivo fue crear una cultura nacionalista en la juventud y someter a los colegios a un clima de control que facilitara la municipalización de la enseñanza, proceso iniciado en 1980, bajo el mando del ministro Alfredo Prieto, tío del diputado UDI Ernesto Silva.
Estos esfuerzos, graficados en los cursos de seguridad y guerra interna que recibieron los directores de liceos en la Anepe, enfrentaron sin embargo una creciente resistencia desde los escolares.
“Fueron los años en que comenzó la municipalización y se desmembró la Universidad de Chile. Éramos quizá 20 estudiantes organizados en la zona oriente de Santiago”, recuerda el consultor Gaspar Hübner, estudiante entonces del desaparecido Colegio Alemán Vicente Pérez Rosales de avenida Salvador, en Santiago de Chile.
De hecho, desde 1983 los estudiantes de izquierda de diversos liceos y colegios se agruparon por primera vez en torno a dos organizaciones mayoritarias, el Frente Unitario y Democrático de Enseñanza Media (FUDEM) de la zona centro y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la zona oriente. Paralelamente emergieron esos meses el MED-Norte y la ODES-Sur, la que “operó clandestinamente en una boite”, como recuerda el exdirigente del COEM Laurence Maxwell.
Hacia fines de 1983, sin embargo, los jóvenes demócratacristianos se agruparon en torno a la Asamblea de Estudiantes Cristianos (ASEC), fundada por Luis Martínez, el exfiscal Alejandro Peña, Marcela Cortés y Cristián Retamales.
El ascenso de las protestas, con varias tomas de liceos de por medio, inquietó obviamente a la CNI. “Si se concretara la creación de la CONFECH, Confederación de Estudiantes universitarios, y de la FESES, Federación de Estudiantes Secundarios, se estaría frente a una organización estudiantil nacional, controlada esta vez por el Partido Comunista con apoyo de la Democracia Cristiana”, observó en el oficio 211311 el director de la policía secreta, Humberto Gordon, quien trabajó metódicamente en la idea de infiltrar el movimiento escolar. “Podrían paralizar el país”, agregó Gordon.
El mismo temor surgió en la CIA, también atenta a los vaivenes del movimientos estudiantil, en especial de sus prácticas políticas. Un extenso informe secreto sobre Chile emitido en 1983 por ese organismo advirtió que los jóvenes demócrata cristianos “criticaban a los líderes de la oposición democrática por su indecisión, riñas y palabrería sobre la cuestion de la cooperación con la extrema izquierda”.
Los escolares, de hecho, reconstruyeron el movimiento estudiantil y la FESES desplegando inusuales alianzas políticas que vincularon desde demócrata cristianos hasta miembros del Movimiento Juvenil Lautaro, la más radical de las agrupaciones políticas de esos años.
Pero no fue lo único. Los jóvenes lograron inéditos consensos operacionales y consiguieron construir amplios grupos de autodefensa, en los que incluso participaron militantes demócrata cristianos. “Sí, tirábamos bombas molotov”, admite por ejemplo el ex líder JDC José Sabat.
La rebelión, que paralizó colegios y movilizó a miles de jóvenes especialmente en 1986 en el inicio de la segunda oleada municipalizadora de la enseñanza, fue la última gran revuelta escolar hasta 2006, el año de la “revuelta pingüina”.
Los escolares, aunque en el inicio de la democracia, lograron concretar algunas de sus demandas, tales como pasaje escolar en el metro y democratización de los centros de alumnos, no pudieron evitar su propia desmovilización en la década de 1990, golpeados por la represión y el fin de las certezas de la Guerra Fría.
Uno de ellos es Juan Alfaro, el primer presidente de la FESES: “Yo fui detenido por la CNI y entré a las torturas el 8 de noviembre de 1989. Cuando salí ya no existían ni el Muro de Berlín ni el socialismo”.
Fuente: El desconcierto
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