Una fundación que tiene estrechos lazos con nuestra comuna de Quinta Normal y está afiliada al partido Progresista, se encuentra en medio de una controversia tras conocerse que fue contratada por el Ministerio de Vivienda (Minvu) para entregar agua potable en la ciudad de Copiapó.
La Fundación Comprometidos, cuyo giro inicialmente se enfocaba en la realización de películas y atención veterinaria, ha recibido millonarios fondos del Minvu para distribuir agua potable en cuatro campamentos de Copiapó. En un principio, se le asignaron $128 millones para llevar a cabo esta tarea, y posteriormente, en mayo, la cifra aumentó a $190 millones.
El proyecto, denominado “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”, contemplaba el suministro de agua potable a través de dos camiones aljibes durante un período de ocho meses, con el objetivo de abastecer a los campamentos hasta agosto de 2023.
Sin embargo, se descubrió que los residentes del campamento recibían agua potable de forma gratuita proporcionada por la Municipalidad y distribuida por Techo para Chile hasta diciembre del año pasado. A partir de la intervención de la Fundación Comprometidos, los vecinos se vieron obligados a pagar $12 mil en efectivo por el suministro de agua potable, una situación que ha generado malestar y cuestionamientos por parte de los propios residentes.
Algunos vecinos expresaron su descontento ante la situación y se preguntaron por qué el Ministerio de Vivienda no asumió directamente los costos del suministro en lugar de contratar a fundaciones externas. Cabe destacar que la Fundación Comprometidos, dirigida por Sebastián Gonzalo Duarte Vergara, excandidato a concejal y diputado por el Partido Progresista (PRO), tiene su domicilio en nuestra comuna Quinta Normal.
En el momento de la firma del convenio, en diciembre de 2022, la fundación tenía como giro principal la producción cinematográfica y la atención veterinaria, lo cual difiere completamente de la distribución de agua potable. No obstante, en marzo de 2023, actualizó su giro en el Servicio de Impuestos Internos (SII) a “asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”.
Además del proyecto de suministro de agua, la polémica fundación ha recibido otros fondos públicos, incluyendo $33 millones por “consultas regionales de mascotas” y $83 millones por “control poblacional canino y felino”, otorgados por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
Ante las crecientes críticas y cuestionamientos, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, Rocío Díaz Gómez, militante de Revolución Democrática (RD), defendió los convenios y negó irregularidades. Afirmó que no existen fundaciones regionales que trabajen en temas de campamentos y sostuvo que no tiene conflictos de interés en este asunto.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó que ha iniciado un sumario administrativo para remitirlo a la Contraloría, reconociendo el cambio de giro que realizó la Fundación Comprometidos y que tiene implicaciones tributarias.
Este nuevo caso de irregularidades en la asignación de fondos públicos ha generado preocupación y ha puesto en entredicho la transparencia en la gestión de recursos por parte del Gobierno y sus organismos afiliados. Se espera que las investigaciones correspondientes arrojen luz sobre estos hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar el correcto uso de los recursos y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
