La falta de claridad respecto al rol del nuevo consejo asesor abre dudas en torno al futuro de la medida y su influencia. En la Nueva Mayoría es un secreto a voces que la gratuidad universal no se podrá concretar en 2020.
El inicio de la crisis en el Ministerio de Educación (Mineduc) comenzó cuando la mañana del 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet anunció que el inicio de la gratuidad en educación superior se adelantaría para 2016. En eso coinciden parlamentarios, políticos, expertos y diversas fuentes del gobierno. El compromiso del programa era beneficiar con la medida al 70% más vulnerable en 2018 y alcanzar la cobertura universal en 2020, pero el giro que dio la Mandataria puso en jaque a los técnicos del ministerio.
Quienes han trabajado desde el inicio del gobierno en preparar el proyecto de reforma a la educación superior reconocen que fue una sorpresa que Bachelet decidiera partir la gratuidad en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) más los institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados y sin fines de lucro. Hacer distinción entre las instituciones por un carácter histórico, cuentan, no estaba en los planes. Por eso hay quienes creen que al error de adelantar la gratuidad se sumó no partir, por ejemplo, por los planteles estatales.
Así llegaron los cuestionamientos, presiones y reiterados cambios en los criterios para determinar las instituciones que podrían optar al beneficio e incluso se redefinió el grupo objetivo de los tres primeros quintiles a los cinco primeros deciles de ingreso. Finalmente, hoy no hay certeza de cómo se implementará la medida y prima la incertidumbre en instituciones, estudiantes, rectores y comunidades académicas.
Ahora, se busca legitimar los cambios con la creación de un Consejo Consultivo para la Reforma a la Educación Superior, cuyas atribuciones no han sido informadas públicamente por el Mineduc. Pero al ser una fórmula utilizada en los gobiernos de la Concertación esto se interpreta como un triunfo de los políticos más conservadores, por sobre las ideas refundacionales de una parte de la Nueva Mayoría. Además, ha sido visto como un freno a los cambios que se planificaron durante la campaña presidencial.
El senador del PS Carlos Montes fue crítico desde el año pasado y señaló que “se cometieron errores, trascendidos de cosas que no eran y es tremendamente complejo. Yo creo que un consejo de este tipo se debió haber creado desde el primer momento”.
Y la pregunta ahora es ¿hacia dónde va esta reforma? El senador de la DC, Ignacio Walker, opina que “no sabemos muy bien hacia dónde va, por eso es tan importante que se haya formado un comité consultivo de alto nivel”.
Pero quienes impulsaron cambios en educación creen que este consejo es visto como una traición a los compromisos de la Presidenta, porque temen que esa instancia sólo proponga transformaciones superficiales al sistema. “Es una señal muy decepcionante, se perderían cerca de 10 años de trabajo de muchos actores sociales. Me pregunto, dónde están las convicciones”, afirmó el diputado, Gabriel Boric (IND). Y su par, Giorgio Jackson (RD), opinó que “en lo personal me preocupa que no haya una dirección clara, la meta autoimpuesta impide una discusión de fondo. No se trata de platas más y platas menos, me decepciona el bajísimo nivel de discusión”.
El senador RN, Andrés Allamand, estima que el consejo “debiera impulsar un cronograma legislativo razonable, hasta ahora toda la política universitaria ha sido un palo de ciego tras otro”. Y agregó que “yo me imagino que la política universitaria tendrá un compás de espera, ya que sería absurdo haber constituido una comisión y que no se le tome en cuenta para las definiciones que se requieren. Las formulas de gratuidad que ha manejado el gobierno son injustas y discriminatorias , yo espero que la primera resolución de la comisión sea dejarlas sin efecto”.
Ayer los diputados del PC se reunieron con la Presidenta y uno de los temas fue la reforma a la educación superior. Tras el encuentro, Camila Vallejo señaló que “a mí me quedó claro que este es un consejo consultivo, por lo tanto no toma decisiones políticas y tanto o más importante va a ser el rol que van a jugar estudiantes, rectores, que son actores que van a tener que incidir”.
El ex ministro Sergio Bitar, quien integrará el consejo, planteó que la reforma debería tramitarse en distintos proyectos. Vallejo agregó que “hay un cambio que tiene que ser coherente desde una perspectiva sistémica y un posible parcelamiento no puede significar un descuartizamiento de la reforma”.
Falta de recursos
No solamente la conducción del proceso de reforma ha estado en crisis, también el financiamiento. Ya el año pasado el secretario ejecutivo de la reforma, Andrés Palma, anunció que sólo el 30% de los recursos destinados a las transformaciones del sistema educacional irían a educación superior. Esto alertó a quienes trabajaban en torno a la reforma, a lo que luego se sumaron los problemas de crecimiento económico y los vaivenes de las finanzas mundiales.
Así, es un secreto a voces en el oficialismo que no se podrá llegar a la gratuidad universal en 2020 y que incluso faltan décadas para lograrlo. En tanto, respecto del inicio de la medida en 2016, las críticas apuntan a que sea incluida en una glosa de la Ley de Presupuestos, sin un marco regulatorio establecido. Además, hay propuestas sobre los cambios que debería tener.
“Hay otros caminos para avanzar en esa dirección, aumentar el porcentaje del arancel que cubre la beca y partir por un subconjunto de instituciones que podrían haber sido las universidades estatales, por ejemplo. En fin, había que buscar otra estrategia más realista, yo hace rato he dicho que el camino en que nos metieron es muy complejo”, sentenció Montes.
Fuente: La Tercera
Publicidad
