La Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades en el “Programa de Uso Compasivo de Aceite de Cannabis” desarrollado por la Fundación Daya en conjunto con 13 municipios del país, entre ellos, la Municipalidad de Quinta Normal. Tras una exhaustiva fiscalización, el organismo contralor determinó enviar todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se inicien acciones penales, además de un sumario para establecer responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Falta de Transparencia y Ejecución Irregular
El programa, que buscaba entregar aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes con cáncer, epilepsia y otras patologías de dolor crónico, se implementó en Quinta Normal y otras comunas entre 2015 y 2016. En el caso de Quinta Normal, al igual que en otras comunas, Contraloría encontró que no se exigió a la Fundación Daya las rendiciones de cuentas con la regularidad necesaria, y en muchos casos no se solicitaron los comprobantes de ingresos y egresos de los recursos públicos transferidos.
El informe de Contraloría indica que de los $423.426.000 destinados al programa, $359.025.625 fueron transferidos desde los gobiernos locales a la Fundación Daya. Sin embargo, no se pudo verificar documentalmente que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización necesaria del Instituto de Salud Pública (ISP) para producir el aceite de cannabis, lo que pone en duda la legalidad de los procedimientos utilizados.
Impacto en Quinta Normal
En Quinta Normal, así como en otras comunas afectadas, no se recibió la totalidad del tratamiento acordado, y muchas de las dosis no llegaron a los pacientes como se había estipulado. De hecho, más de la mitad de la cosecha de cannabis del proyecto se perdió; el 76,9% de la cosecha, equivalente a 1.409.040 gramos, quedó inutilizada por diversas razones, incluida la destrucción por normas del ISP y la caducidad del producto.
Además, el informe menciona que algunos de los recursos destinados al proyecto fueron utilizados en gastos que no corresponden al objetivo del convenio firmado con los municipios. Entre estos, se detectaron pagos por conceptos que no estaban relacionados con el programa, como permisos de circulación, comisiones de corredores de propiedades por arrendamientos de inmuebles no vinculados al proyecto, así como gastos de alimentación en restaurantes y cafeterías que no se justificaron adecuadamente. Por ejemplo, se identificaron desembolsos de $550.000 para la reparación de una camioneta y más de $2.9 millones en gastos de alimentos en locales que van desde restaurantes en Concón hasta heladerías, además de $389.000 en compras de artículos de cocina como tablas para picar y tazones.
Acciones y Responsabilidades
Ante estas irregularidades, la Contraloría determinó que la Municipalidad de Quinta Normal, junto con otras comunas, no cumplió con sus obligaciones de fiscalización ni ejerció acciones judiciales para exigir el cumplimiento de los contratos o la devolución de los recursos transferidos. Esto vulnera la legislación vigente y transgrede los principios de control y eficacia en el uso de recursos públicos.
Por esta razón, la Contraloría ha enviado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se inicien las acciones legales correspondientes. Además, se instruyó un sumario administrativo para determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios municipales involucrados en estos hechos.
Implicaciones para Quinta Normal
Esta situación genera preocupación entre los vecinos de Quinta Normal, quienes esperan que las autoridades locales asuman la responsabilidad y tomen medidas para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y el acceso a tratamientos seguros y efectivos para los pacientes que lo necesitan. Los antecedentes recopilados podrían abrir investigaciones de oficio en el Ministerio Público, lo que podría derivar en mayores implicancias legales y administrativas para los involucrados.
La situación deja en evidencia la importancia de una mayor transparencia y rigurosidad en la administración pública, especialmente en programas que involucran la salud y el bienestar de la comunidad. Los vecinos de Quinta Normal se mantienen a la espera de una resolución que aclare los hechos y garantice el uso adecuado de los fondos destinados a iniciativas de impacto social.
Ver también
