Hace diez años desapareció en Puerto Montt el joven estudiante mapuche José Huenante, de 16 años; recién hace unos días atrás fueron procesados tres carabineros. También carabineros están implicados en la desaparición de José Vergara, el joven de Alto Hospicio que fue detenido y supuestamente abandonado en una zona despoblada, hace un par de meses atrás.
El caso de José Huenante muestra la impunidad con la que actúan carabineros y otras instituciones represivas. Se trata de un joven de 16 años, que fue detenido en Puerto Montt hace diez años atrás por una patrulla de Carabineros, la madrugada del 3 de septiembre de 2005. A pesar de las denuncias de su familia y amigos, José nunca apareció y quiénes lo detuvieron se mantuvieron en funciones y en la impunidad durante todos estos años.
Tras una incansable lucha de parte de sus cercanos y el apoyo de algunos organismos de derechos humanos, la semana pasada la corte Marcial procesó a tres carabineros: Patricio Mena, cabo primero; Juan Altamirano sargento segundo y César Vidal, cabo segundo, quiénes son acusados de falsificar instrumento público, es decir que adulteraron los libros de guardia del registro de detenidos, la madrugada del 3 de septiembre de 2005, cuando desapareció José además de modificar el libro en el que se ingresa la cantidad de kilómetros que usó el vehículo policial. Recordemos que hace unos años los tres también fueron formalizados, quedando finalmente en libertad e incluso volviendo a realizar sus funciones habituales.
Pero el caso de José no es el único. Hace pocos meses atrás otro joven, en este caso José Vergara, de 22 años y quién tiene esquizofrenia, fue detenido también por una patrulla de Carabineros, el 13 de septiembre y al parecer abandonado en una zona aislada a la salida de Alto Hospicio, en el norte del país.
En un primer momento, Carabineros intentó negar la información, señalando que no lo habían detenido, hasta que finalmente admitieron que habían mentido.
Represión e impunidad
La herencia de la dictadura sigue en pie, no solo en las políticas neoliberales y la pérdida de derechos como la mercantilización de la educación, la salud o las pensiones o el código laboral anti obrero, sino también en las leyes de impunidad y la falta de libertades democráticas que existe.
No solo hay que pedir permiso para realizar una manifestación, sino que en general las marchas y movilizaciones sociales son fuertemente reprimidas, terminando con golpes, detenidos, gases lacrimógenos, etc. Numerosas denuncias han señalado los casos de abuso sexual de jóvenes estudiantes durante las movilizaciones estudiantiles desde el 2011 en adelante, también organismos de derechos humanos han dado cuentas de casos de tortura (jóvenes golpeados, amenazados de muerte, etc.), lo mismo sucedió en las manifestaciones regionales como Freirina o Aysén. En Freirina, hace poco incluso fue condenado un carabinero por apremios ilegítimos (tortura) en un caso donde cuatro varones fueron detenidos y golpeados brutalmente. En Aysén, la fuerte represión terminó incluso con manifestantes con pérdida de un ojo.
El caso mapuche muestra también la constante persecución y represión a las demandas de este pueblo, asociados a la idea de subversión o violencia por el Estado y medios de comunicación, con allanamientos violentos, uso de lacrimógenas al interior de viviendas e incluso escuelas, detención de mujeres, ancianos, niños y población en general, golpes, montajes (acusaciones con testigos encubiertos, etc.), además del asesinato de varios jóvenes y comuneros mapuche, entre ellos Matías Catrileo y Alex Lemún.
Lo mismo sucede con muchas huelgas y luchas de trabajadores, también reprimidas en nombre del orden, que incluso ha cobrado la vida de obreros como Rodrigo Cisterna y Nelson Quichillao. Otros tantos trabajadores también han sido agredidos y violentados por realizar movilizaciones, cortes de ruta y otras formas de defensa de sus derechos. Y también se observa en las cárceles, con numerosas denuncias por tortura también contra funcionarios de gendarmería.
No son hechos aislados
No se trata de hechos aislados, ni de actos individuales. Son políticas de Estado, que usa la herencia de la dictadura –leyes terroristas, de impunidad y amnistía, etc.- para reprimir a los que luchan. En muchos casos, los grandes medios de comunicación son cómplices, no solo ocultando muchas de estas denuncias sino también colaborando en construir la justificación de la represión, como se ve en los noticieros con muchas de las movilizaciones sociales.
Fuente:La Izquierda Diario Chile
