A esta hora, la Corte de Apelaciones revisa el recurso del Ministerio Público para insistir en que sí es procedente imputar delitos tributarios a Claudio Eguiluz.
La Fiscalía Nacional intenta a esta hora, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, revocar el fallo que el pasado 27 de julio anuló la formalización del ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz, por presuntos delitos tributarios relacionados al financiamiento irregular de campañas políticas.
Ello, por estimar que sí existen las acciones correspondientes para poder imputar al congelado militante del partido opositor, quien es investigado en el marco del caso Penta-SQM.
El Ministerio Público había apelado a la resolución del Octavo Juzgado de Garantía luego que el tribunal acogiera los argumentos de la defensa de Eguiluz, quien fundamentó improcesabilidad en la intención de la Fiscalía ya que, en ese entonces, no contaba con el respaldo de la querella nominativa del Servicio de Impuestos Internos.
Dicho escenario cambió luego que días después el órgano fiscalizador presentara acciones legales en su contra por su presunta coautoría en la entrega de boletas falsas por servicios no prestados.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Eguiluz habría incurrido en apropiaciones indebidas “durante los años 2011, 2012 y 2013, en carácter de consumados y reiterados”.
Según ha establecido la Fiscalía, éstas habrían sido realizadas en Santiago, en calle Los Militares 4290, comuna de Las Condes, y en la ciudad de Concepción.
De acuerdo a la indagatoria, Eguiluz además habría emitido boletas maliciosamente falsas a la empresa SQM y, según consta en la primera denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) al Ministerio Público -donde se dan a conocer 173 nombres de personas y empresas que emitieron boletas y facturas a la empresa minera no metálica controlada por Julio Ponce Lerou-, el ex vicepresidente de RN emitió un documento por $112.500.000.
Por estos hechos, y su reiteración, los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias solicitarían la medida cautelar de prisión preventiva en caso de ser formalizado.
El ex dirigente opositor, en tanto, ha insistido en que los pagos que se le atribuyen corresponden a servicios prestados fuera del periodo electoral y que tienen relación con la empresa agrícola que tiene hace 25 años.
Fuente: Emol
